El principio de la soberanía estatal en el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní. Problemas jurídicos particulares de la Argentina

Resumen

El Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní (“AAG”) dedica sus primeros tres artículos expresamente a la soberanía estatal de las Partes respecto al Sistema Acuífero Guaraní (“SAG”). El AAG trasluce el propósito de dejar sentado dos aspectos inherentes al dominio del recurso hídrico implicado: el primero, sobre la titularidad del SAG que poseen las Partes –sin aludir expresamente el AAG (art. 1°) al alcance territorial del dominio, como sí lo hace en el aspecto siguiente–, y el segundo, en relación al ejercicio del derecho, el cual, conforme el art. 2, lo subordina a las “disposiciones constitucionales y legales y de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables”, pasaje que deja interrogantes: ¿implica un orden de prelación normativa? ¿El “derecho internacional” se reduce a las citas de los considerandos?

La regla del art. 2 del AAG, para la Argentina, requerirá un esfuerzo para unificar sus criterios legislativos y judiciales sobre los dos aspectos citados –titularidad– y además en cuanto a lo ambiental de los diversos usos sobre el SAG. La Argentina, en mi opinión, tiene que atacar los siguientes problemas jurídicos:

a) Modificar el Código Civil (zanjando la cuestión en relación a la extensión del dominio privado del dueño del suelo sobre las aguas subterráneas);

b) Legislar sobre acuíferos a nivel federal, considerando a las normas estaduales ya existentes;

c) Reglamentar el acceso y uso de los pueblos originarios al SAG, única fuente de agua para muchas comunidades.